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Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva sigue sin renovarse

La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establecía implementar una Estrategia de Salud Sexual y reproductiva cada cinco años. Pese a que se aprobó la primera ese mismo año, en 2010, y ha caducado en 2015, aún no se ha aprobado la siguiente.

También se contemplaba en la ley la evaluación cada dos años de la estrategia y un informe anual, pero no consta la elaboración de ningún material de este tipo desde el inicio de la misma,  y menos aún su publicación y difusión.

Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad afirman que la no renovación no implica que se haya “frenado”, si bien diferentes colectivos denuncian que la aplicación de la Estrategia es “casi nula”.

La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se aprobó en octubre de 2010 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Incluye los ejes básicos para orientar a las instituciones públicas en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, garantizar el acceso al aborto, a métodos anticonceptivos y que exista educación sexual.

Trece entidades, entre ellas la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), presentaron en Octubre de 2016 el informe “Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España”. En él precisamente se denunciaba la asimetría en la prestación del servicio de la interrupción legal del embarazo dentro de la sanidad pública dependiendo de cada comunidad autónoma. La Estrategia es una de las herramientas para paliar esta inequidad, no sólo en el acceso al aborto, sino en la financiación de los anticonceptivos y otros servicios de salud sexual y reproductiva, la obligatoriedad de impartir educación sexual y cómo hacerlo, etc.

Justa Montero, representante de la Federación Estatal de Organización Feministas alerta sobre este abandono: "Si no se hace un seguimiento de qué se ha aplicado y de qué manera servirá para poco y quedará casi en papel mojado (…) Actualizar la norma sería una forma de introducir mejoras, como todo lo que tiene que ver con diferentes colectivos como los migrantes o los LGTBI,  e introducir mecanismos para garantizar los derechos contemplados".

Por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aclaran que este tipo de normativas no implican vinculación y que el hecho de no renovarlas no significa que se “frenen”, si bien su continuidad sí ayuda a que “las comunidades autónomas trabajen al unísono". Para el Ministerio, la Estrategia no ha de desarrollar la ley del aborto (aunque el artículo 11 sí contempla la creación de esta estrategia para cumplir sus artículos).

Guillermo González, presidente de la FPFE, considera lo contrario: "Cuelga de una forma tajante y clara de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (…) debería haberse renovado ya para introducir mejoras y asegurar que lo que no se ha cumplido se garantice".
La propia ONU en 2015 en un informe denunció que España tenía obstáculos que impedían acceder al aborto legal de manera segura y equitativa en todos los territorios.

La sanidad pública ha sido denunciada recientemente en dos ocasiones por no cumplir la Ley del Aborto y dificultar el acceso a la interrupción legal del embarazo dentro de su red.

Son los casos e Ana y Paula (nombres ficticios). En ambos, se prolongó innecesariamente el diagnóstico y se derivó a clínicas privadas de Madrid teniendo que desplazarse por sus medios en un estado avanzado de gestación, con consecuencias negativas para su salud.  En el caso de Paula, ya se ha dictado sentencia contra el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), que tendrá que indemnizarla con 270.000 por las negligencias que hicieron que perdiera su útero. La Fiscalía investiga otros casos en Galicia, ya que el respeto a la objeción de conciencia a sus profesionales dificulta el aborto en la sanidad pública. El juicio de Ana, que litigia contra al Servicio Murciano de Salud en Murcia, aún no se ha celebrado. 

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