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Plan de embarazos no deseados sin consultar

Dicho texto se ultima para su publicación estos días y se titula: Plan Integral de abordaje de embarazos no deseados de la Comunidad de Madrid 2017-2020.

El capítulo sobre Interrupción voluntaria del Embarazo del Plan de la Comunidad de Madrid cuenta con errores propios de no haber consultado con profesionales que habitualmente practican abortos.
Por ejemplo, el apostar por el método farmacológico siempre frente al instrumental señala un profundo desconocimiento sobre la cuestión. Más, cuando se defiende este método por “el mínimo impacto económico”. Es el contexto social, médico y personal de cada mujer y su propia decisión lo que ha de determinar el método. De hecho, en muchos casos, el método instrumental es preferido por la embarazada por diferentes motivos.

Según un comunicado de ACAI, una vez se informa a las mujeres: “El 80 % elige el método instrumental frente al 20% que opta por el farmacológico”.

Sobre los efectos secundarios, habitualmente leves y transitorios, con el método instrumental se presentan en el 10% de los casos. Con el aborto farmacológico (pastillas para abortar), en más del 50% de las mujeres.

En el mismo tono de desinformación, la conserjería emplea el término “método quirúrgico”, cuando en la mayoría de los casos no hay intervenciones que requieran aberturas ni incisiones. Por este motivo, es más correcto denominarlo método instrumental.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, la única entidad de centros autorizados de todo el Estado Español, denuncia no haber sido consultada ni constarle que ninguno de los centros de su red hay intervenido en el Plan.

ACAI solicita transparencia a la Consejería explicando qué personas expertas y con qué investigaciones pueden sostener que el método farmacológico tiene menor impacto “económico, personal y social”.

Desde esta asociación no favorecen unas técnicas sobre otras sino el derecho a decidir de las mujeres. No obstante, el plan sí prioriza un método por cuestiones económicas.

Piden que se aclare que el beneficio sería para la Administración Sanitaria Madrileña ya que la prestación del servicio sanitario del aborto no tiene coste para las mujeres.

Otro de los factores de mayor sorpresa es que la propia Conserjería de la Comunidad de Madrid ha acreditado a los centros para la interrupción voluntaria del embarazo a los que no ha consultado.

Del mismo modo, cuenta y contará con ellos para realizar los abortos en su territorio por el sistema de concertación.

También denuncian que no se trate la obligación de mantener la confidencialidad e intimidad de las mujeres que se practican una IVE.

Además, el Plan Integral de abordaje de los embarazos no deseados sigue sin garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual, lo que debería ser la clave de la prevención.

Algunos anticonceptivos como el DIU hormonal o los anticonceptivos de nueva generación de larga duración solo se prescriben en circunstancias muy limitadas, no siendo financiados para grupos sociales más vulnerables.

El “Programa de Promoción de la Salud en los Centros Educativos” ni menciona la Educación Afectivo-Sexual ni concreta el modus operandi. Y, por supuesto,  no incluye la diversidad sexual. 

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