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La ONU evalúa el caso de una niña violada y denunciada por abortar

El caso de Camila, una niña indígena de Perú que quedó embarazada con 13 años tras ser violada por su padre y a la que la Justicia persiguió por perder al niño después de que no se le diese la opción del aborto terapéutico, llegó a manos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Es la primera vez en la historia de Perú que un caso de abuso sexual contra una niña es presentado en esta instancia. Demandan que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar pautas que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual, con un enfoque intercultural y de niñez.

El caso de Camila es emblemático porque refleja las dificultades de las niñas en Perú víctimas de violación para acceder al aborto terapéutico, única modalidad de interrupción del embarazo que no está penada en Perú y que se aplica desde 1924 en caso de que la vida o salud de la gestante esté en peligro.

Aborto terapéutico negado

Ninguno de estos riesgos de continuar con la gestación le fue informado a Camila o a su madre, después de que denunciase a su padre por las repetidas veces que la violó en su casa desde los 9 años hasta que, con 13 años, quedó embarazada.
Tampoco hubo respuesta del hospital pese a que la madre de la niña solicitó la interrupción voluntaria del embarazado, pese a que esta debió haber llegado en siete días.
El centro de salud condicionó ese servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital.
A las 13 semanas de gestación, y después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea y fue acusada de un aborto ilegal.

Una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un policía, para forzarla a seguir sus controles prenatales.
Esta enfermera denunció a Camila ante la Fiscalía por el delito de "autoaborto", que contempla una pena de hasta dos años de cárcel, tras basarse únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes en la que dijo que no quería tener al niño.
A Camila se le consideró una "adolescente infractora" y se ordenaron diligencias de la Fiscalía que la revictimizaron, por lo que pasó de víctima a victimaria, pese a que su padre, que fue condenado a cadena perpetua, se había confesado culpable de la violación a su hija.

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